Con esta reforma laboral planteada por el gobierno del Partido Popular, no sólo se nos recortan derechos laborales conseguidos por años de lucha obrera (obrero, lucha de clases, patrón... parecían palabras obsoletas, rescatadas de otra época, olvidadas, que de repente vuelven a la palestra sin saber exactamente si habían desaparecido o simplemente estaban camufladas por otras como clase media).
No sólo se recorta el número de días por despido en nombre de la creación de empleo, sino que, entre otras cosas, se desprecia y ningunea el papel de los profesionales dedicados a prestar servicios sociales.
El nuevo plan del gobierno defiende la posibilidad de que aquellos parados que no estén asistiendo a cursos de formación tengan que realizar servicios sociales en contraprestación. Estigmatizando de nuevo al parado, haciéndolo sentir culpable por cobrar un dinero que, no olvidemos, es un derecho obtenido tras cotizar en la seguridad social; y haciendo de menos a todas aquellas personas que durante años nos hemos formado para realizar un buen trabajo en el ámbito de lo social. Con esta opción, qué es lo que se está dando a entender, ¿qué todo el mundo es capaz de llevar una biblioteca? ¿de animar socioculturalmente a unos niños? ¿de trabajar con adolescentes en riesgo? Me pregunto si se atrevería alguna figura política a cuestionar la validez del trabajo de un médico, de un ingeniero diciendo que parados con prestación podrían a comenzar a ejercer dichos servicios.
Este nuevo despropósito no sólo puede resultar en la supresión de puestos de trabajo (la reforma laboral quiere teóricamente crearlos), sino que supone un desprestigio de lo público. ¿Cuántos servicios pasarán a ser administrados por "voluntarios" no formados en ello, que ofrecerán un mal o incompleto servicio? ¿Acaso no se comenzará a generar entonces el pensamiento de que si la gestión pública no funciona sería mejor privatizar?
Por unos servicios sociales profesionales y de calidad.
